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Ley de crédito inmobiliario: LA NUEVA LEY HIPOTECARIA

Ley de crédito inmobiliario: LA NUEVA LEY HIPOTECARIA

El pasado 15 de marzo se publicó en el BOE la Ley 5/2019, de 5 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y que entró en vigor ayer, día 16 de junio.

La nueva Ley Hipotecaria establece una serie de normas de protección de las personas físicas, deudoras o avalistas de préstamos hipotecarios.
Esas “normas de protección” van dirigidas principalmente a asegurar una mayor transparencia y comprensión de las condiciones, previo a la firma de un préstamo hipotecario: con la Ficha Europea de Información Normalizada -FEIN-, Ficha de Advertencias Estandarizadas -FAE-, evaluación de solvencia, y el asesoramiento previo notarial (gratuito).
Asimismo, se determinan los gastos que tiene que asumir la entidad y los gastos que tiene que asumir el prestatario. La entidad asumirá los gastos de gestoría, notaría e inscripción en el Registro de la Propiedad; mientras el prestatario abonará los gastos de tasación. “El pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se realizará de conformidad con lo establecido en la normativa tributaria aplicable“.
En el art. 17 se establece la prohibición de las ventas vinculadas, menos en el caso de los seguros o en aquellos casos en los que la entidad acredite que la oferta no perjudica al prestamista.
En relación con los préstamos multidivisas, el prestamista tendrá derecho a convertir el préstamo a la moneda en la que perciba la mayor parte de sus ingresos, o bien a la moneda del país donde tenga su residencia en el momento de la firma del contrato, o en el momento de solicitar el cambio de moneda (art. 20).
El art. 23 prohíbe el cobro de una comisión por amortización anticipada, exceptuando los contratos en los que se establece un interés variable en los 5 primeros años de vigencia del contrato con un máximo de 0,15% o, si es durante los 3 primeros años, con un máximo del 0,25%.
En cuanto al vencimiento anticipado, se podrá resolver anticipadamente el contrato si el prestatario ha impagado 12 meses durante la primera mitad de la duración del préstamo, o 15 meses durante la segunda mitad existiendo, en todo caso, una obligación de requerimiento extrajudicial de pago (art. 24).
En el art. 25 se establece que el interés de demora no podrá superar 3 veces el interés remuneratorio.
Estos son algunos de los puntos más relevantes sobre los que se pronuncia la nueva ley y hemos querido destacar, si bien no son los únicos.
Desde nuestro punto de vista, entendemos que las medidas tendentes a garantizar la transparencia en la contratación de préstamos hipotecarios resultará insuficiente en la práctica: la Ley sigue permitiendo el cobro de la comisión de apertura y de la amortización anticipada, la contratación de productos combinados y ventas vinculadas, resulta insuficiente la regulación de los préstamos concedidos en divisa extranjera, regula los intereses de demora perjudicando al consumidor respecto a la doctrina pacífica que existía hasta el momento (la STS de 3 de junio de 2016 fijaba el límite de 2 puntos por encima del interés ordinario), y blanquea el vencimiento anticipado sin cumplir con las exigencias de Europa para garantizar la proporcionalidad. En definitiva, lo único que desarrolla de forma clara la nueva Ley es el reparto de los gastos de constitución de la hipoteca.
Por último, es muy importante la Disposición Transitoria Primera en relación con los contratos existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley, en la que se establece que será de aplicación lo previsto respecto al vencimiento anticipado siempre que el préstamo esté vivo.
Es decir, se aplicará con carácter retroactivo lo previsto para el vencimiento anticipado, siempre que no haya sido resuelto el contrato, judicial o extrajudicialmente.
E, igualmente, merece especial atención la Disposición Transitoria Tercera que prevé que los juzgados deberán notificar en el plazo de 15 días desde la publicación de la Ley sobre la posibilidad de formular un incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas en todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria anteriores a la publicación de la Ley 1/2013, o en aquellos procedimientos posteriores en los que el deudor no se haya opuesto por este motivo, y siempre que no se haya producido el lanzamiento.
Así, se pretende dar cumplimiento a la STJUE de 29 de octubre de 2015 que declaró que la Disposición Transitoria Cuarta que otorgaba un plazo preclusivo de un mes para formular oposición desde la publicación en el BOE de la norma, no garantizaba la efectividad, y era contrario a la Directiva 93/13.
De nuevo el legislador actúa mal y tarde pues son cientos de miles las personas que no han podido oponerse a la ejecución hipotecaria por una norma declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, sin embargo, cuatro años después, se prevé cómo solventar aquellos casos que siguen vivos en la actualidad, pero sin prever nada para todos aquellos que ya han sido desahuciados sin haberse podido defender en el procedimiento de ejecución hipotecaria.
Beatriz Duro      Abogada y mediadora
GANAMOS DEMANDA FRENTA A TTI FINANCE

GANAMOS DEMANDA FRENTA A TTI FINANCE

En esta ocasión nos da la razón el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Fuenlabrada.
La entidad, TTI FINANCE, reclamaba a nuestro cliente 3.329,67€ por una tarjeta que contrató en el año 2.000 con Citibank. Pese a haber pagado durante más de 15 años regularmente y haber abonado mucho más dinero que el capital prestado, la entidad le demanda por impago reclamando más de 3.000€.

Citibank vendió el crédito a AVANT TARJETAS, que fue absorbida por EVO FINANCE, que se lo vendió a Wizink, y que a su vez terminó vendiéndoselo a TTI FINANCE, empresa que ahora reclama.

La demanda carecía de la documentación necesaria y mínima para acreditar la procedencia de la deuda que se estaba reclamando, no se aportaba por parte de la entidad un cuadro de movimientos donde se reflejaran todas las disposiciones hechas y todos los pagos realizados, únicamente se aportaba un certificado unilateral de deuda que resultaba totalmente insuficiente para que prosperara la demanda.
Así lo ha entendido también el Juzgado de Fuenlabrada que, después de hacer más de cinco requerimientos a todas las entidades que han ido comprando la deuda con el fin de que acreditaran los movimientos y poder así conocer qué cantidades fueron cobradas y en qué conceptos, sin haber obtenido ninguna respuesta satisfactoria, ha acordado la desestimación de la demanda de modo que nuestro cliente no tendrá que pagar ninguna cantidad.

Una vez más ganamos un procedimiento contra TTI FINANCE por falta de prueba y demostramos que, con una buena defensa, se pueden ganar las demandas y es posible salir del endeudamiento al que te llevan estos fondos buitre.

Puedes consultar la sentencia en el siguiente enlace.

Si tienes un procedimiento de este tipo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para poder orientarte y ayudarte en la búsqueda de soluciones.

Beatriz Duro      Abogada y mediadora

 

 

GANAMOS DEMANDA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS FRENTE A BBVA

GANAMOS DEMANDA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS FRENTE A BBVA

El Juzgado especializado 101 bis de Madrid anula la cláusula suelo, el interés de demora, el vencimiento anticipado y los gastos de un préstamo hipotecario de BBVA

A día de hoy, pese a que el asunto está muy claro, nos seguimos viendo obligados a acudir a los Juzgado para anular la cláusula suelo y conseguir que los consumidores recuperen el dinero que el banco les ha estado cobrando durante años indebidamente.
Por absurdo que parezca, es habitual que los bancos no quieran devolver este dinero, defendiendo que la cláusula suelo es transparente y que no debe ser considerada abusiva.
Nuestros clientes habían firmado un préstamo en el año 2002 con BBVA para la adquisición de su vivienda. En dicho préstamo encontramos varias cláusulas de las que solicitamos su nulidad por abusividad mediante demanda ordinaria ante el Juzgado especializado 101 bis de Madrid. Concretamente, estas cláusulas eran: la cláusula de “límites a la variación del tipo de interés” -conocida como cláusula suelo-, la relativa a los intereses de demora, y la del vencimiento anticipado.

Con respecto a la cláusula suelo, solicitábamos su nulidad por ser abusiva y la consecuente condena a la entidad bancaria a devolver a nuestros representados las cantidades que se habían cobrado en exceso durante toda la vida del préstamo, más las que se devengaran hasta la firmeza de la sentencia, junto con los intereses legales.
En su defensa, la entidad BBVA alegó que dicha cláusula había sido negociada, por lo que no resultaba de aplicación la Ley de Condiciones Generales de Contratación (LCGC) ni la relativa a las cláusulas abusivas; que se habían cumplido con todas las exigencias de transparencia material; y que nuestros clientes fueron conscientes de la carga jurídica y económica que implicaba la mencionada cláusula.

Con respecto a la alegación primera sobre que la cláusula sí había sido negociada entre las partes y la no aplicabilidad de la LCGC, se pronuncia tajantemente el Juzgado remitiéndose al art. 3.2 párrafo 3º de la Directiva 93/13/CEE, y el art. 82.2 párrafo 2º del TRLGDCU, según el cual “El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”, y concluye que “pese a lo alegado en el escrito de contestación, no ha quedado acreditado mediante prueba alguna objetiva la negociación individual de dicha cláusula. En consecuencia, no hay duda de que debe considerarse que la cláusula discutida no fue objeto de una negociación individualizada”.
Por lo que las cláusulas contra las que se dirige la demanda, no habiendo quedado acreditado su negociación individual, se deben tener, a sensu contrario, como cláusulas prerredactadas o predispuestas e impuestas al consumidor”.
En consecuencia, “se trata de una cláusula destinada por el prestamista a ser incorporada a una pluralidad de contratos. Y por tanto resulta de aplicación la Ley 7/1998, de 13 de abril, Ley de las Condiciones Generales de la Contratación LCGC”.

Adentrándonos en el examen que realiza su señoría sobre la cláusula suelo, respecto del control de transparencia, que la entidad aseguraba que sí se había cumplido diligentemente, dice: “el contrato no contenía más información acerca de que se trataba de un elemento definitorio del objeto principal (afectaba al precio del préstamo), la cláusula estaba enmascarada entre otros datos relativos a la revisión del interés, no constaban simulaciones de escenarios diversos, ni se había advertido de forma clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad”.

Y, en cuanto a las consecuencias de la falta de transparencia, en función de lo señalado en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo, determina que la falta de transparencia en las cláusulas suelo “provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva también al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado”.
Procede, por tanto, el Juzgador de instancia a declarar la nulidad de la cláusula suelo por abusiva y su consiguiente expulsión del contrato, no siendo vinculante para el consumidor en ningún momento del tracto contractual y, como consecuencia, su Señoría nos da la razón y ordena “la restitución íntegra de los intereses cobrados de más por la entidad bancaria como consecuencia de la aplicación de la cláusula (…), más el interés legal del dinero”.

En cuanto a los intereses de demora, cuya nulidad pedíamos igualmente por ser éstos abusivos, BBVA se allanó a todas nuestras pretensiones, por lo que el Juzgado declaró directamente su nulidad, mandando eliminar la cláusula del contrato y continuando la aplicación de los intereses remuneratorios.

Además, el Juzgado ordena al banco la devolución del 50% de los gastos de Notaría y la totalidad de lo abonado por nuestros clientes en cuanto al Registro de la Propiedad.

Por último, en relación con la cláusula de vencimiento anticipado cuya nulidad por abusiva también solicitábamos en nuestra demanda, se pronuncia de nuevo el Juzgado dándonos la razón, en los términos siguientes: “la cláusula que analizamos está prevista sólo en beneficio del Banco y para el caso de incumplimiento de una sola cuota o de una sola amortización, o de una obligación accesoria como el impago de una liquidación de intereses o ajuste en su caso, en un contrato de larga duración (30 años) y sobre un capital de CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS, siendo, por lo tanto, desproporcionado que, exclusivamente, por un solo impago el contrato pueda ser resuelto de forma anticipada por la entidad demandada, exigiendo la íntegra devolución de la cantidad garantizada objeto del préstamo e incluso mediante la realización del bien hipotecado, que además es objeto de una especial protección al tratarse de la vivienda habitual de un consumidor.

No se atempera el juego de la cláusula de vencimiento anticipado a un incumplimiento grave, sino a cualquier clase de impago de una cuota, amortización, liquidación de intereses o ajuste, lo que implica que dicha cláusula, tal y como fue predispuesta e impuesta por la demandada, es abusiva por vulnerar los mentados preceptos del RDL 1/2007”.

Esta sentencia da la razón a nuestros clientes en todas sus pretensiones, condenando a la entidad BBVA a devolverles más de 3.200 euros que había cobrado indebidamente a causa de la cláusula suelo, junto con la totalidad de los Aranceles de Registro y la mitad de Notario, en total, 391 euros, y ordenando asimismo la eliminación en el préstamo de la cláusula referida al vencimiento anticipado, así como a los intereses de demora, debiendo continuarse con la aplicación de los intereses remuneratorios.

¡Sin duda otro éxito frente a la banca en materia de consumidores!

Para visualizar la sentencia pinche en el siguiente enlace.

Si se encuentra en un caso parecido, o tiene cualquier duda al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de atenderle.

Lucila Duro      Graduada en Derecho

 

BigBank reconoce que su préstamo es nulo por Usura

BigBank reconoce que su préstamo es nulo por Usura

Presentamos demanda frente a la entidad BigBank solicitando la nulidad de un contrato de préstamo otorgado a nuestro cliente, en el que el tipo de interés era del 41% TAE.

En esta ocasión, ni siquiera ha hecho falta la celebración de juicio, pues en cuanto ha recibido la demanda BigBank ha presentado escrito al Juzgado allanándose totalmente a la demanda, reconociendo la nulidad del contrato. Como consecuencia de ello, el contrato de préstamo queda cancelado y no sólo nuestro cliente no deberá continuar abonándolo, sino que recuperará más de 5.600 euros que había pagado a la entidad.

Nos alegramos mucho del resultado y ya sólo falta que en el futuro no se comercialicen más contratos que las entidades saben nulos.

Podéis consultar el escrito de allanamiento en el siguiente ENLACE.

 

César Duro Álvarez del Valle

Abogado en Duroa

La Ley de Represión de la Usura en la actualidad

La Ley de Represión de la Usura en la actualidad

A raíz de la publicación de un artículo en la revista de Sepin del 1er trimestre de 2019 con el título “El crédito revolving y la información estadística del Banco de España”, me veo en la obligación de redactar esta publicación que, pese a que sin duda tendrá mucho menos alcance, me servirá para quitarme la espina y espero también sirva para tener argumentos que permitan seguir defendiendo a los consumidores que han contratado este tipo de créditos, en su mayoría usurarios. Continuar leyendo

¿CONTRATAR UN CRÉDITO RÁPIDO? NO, GRACIAS.

¿CONTRATAR UN CRÉDITO RÁPIDO? NO, GRACIAS.

Cada día hay más entidades que se dedican a la concesión de créditos rápidos o minicréditos, conociéndose así a aquellos préstamos de un importe relativamente pequeño -aproximadamente hasta unos 1.000 euros- con un plazo de devolución muy breve. Continuar leyendo

LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

La sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial, supletorio en España, mediante el cual se hacen comunes entre los cónyuges las ganancias obtenidas durante la vigencia del matrimonio y las cuales serán atribuidas por mitad al disolverse aquella.

La definición viene recogida en el artículo 1.344 del Código Civil.

 

 

 

 

¿QUÉ SE CONSIDERAN BIENES GANANCIALES, Y CUÁLES PRIVATIVOS?
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El artículo 1.361 del Código Civil dispone: “Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges”.

“El fin con el que se contrae” es el que determina el carácter de la deuda y por ello, el cargo final de la misma al patrimonio ganancial o privativo de uno de los cónyuges, mientras que “la persona por quien se contrae”, unida a dicho fin, es la determinante de la responsabilidad frente al acreedor de uno u otro patrimonio.

Si uno de los cónyuges, en régimen de gananciales, incorpora bienes a la sociedad para aumentar su activo, dichos bienes tienen la presunción de gananciales.

En cambio, las deudas de un cónyuge contraídas en gananciales no tienen la presunción de gananciales, salvo que dicha deuda tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 1.362 y siguientes del Código Civil. Así, gozan de la presunción de privativas las deudas contraídas por un cónyuge vigente la sociedad de gananciales que no justifiquen su naturaleza ganancial.

El dinero ingresado en cuentas corrientes, vigente la sociedad de gananciales, ya sea a nombre de uno sólo de los cónyuges o ambos, se presume ganancial por aplicación del art. 1361 CC, salvo prueba en contrario del carácter privativo de los fondos en ellas depositados.

Son deudas siempre privativas las siguientes:

- Las contraídas con anterioridad al matrimonio.

- Las deudas extracontractuales derivadas de una conducta dolosa o culposa grave de uno de los cónyuges.

- Las contraídas por uno de los cónyuges fuera del ámbito en el que se haya facultado para obligar a la sociedad de gananciales.

- Las generadas por uno de los cónyuges en su exclusivo interés, siempre que su consorte no preste su consentimiento.

- Las deudas hereditarias.

Por otro lado, hay deudas cuyo carácter ganancial o privativo es discutible, entre otras:

- Las inversiones realizadas por un cónyuge en sus bienes privativos:

Cuando se realicen inversiones en bienes privativos se ha de entender que se está ante una deuda privativa si de la inversión no se obtiene ningún beneficio económico para el cónyuge no titular; salvo que aporte beneficios económicos para ambos cónyuges en cuyo caso se considera que la deuda es ganancial.

- Las deudas derivadas de los pleitos originados por uno de los cónyuges en relación con sus bienes privativos:

Estas deudas no tienen por qué ser por fuerza privativas, si aun tratándose de bienes privativos, sus productos tienen carácter ganancial. De la misma manera hay que apuntar que serán de carácter exclusivamente privativo las deudas derivadas de un pleito iniciado de forma temeraria por uno de los cónyuges

- Los gastos extraordinarios y los impuestos a satisfacer derivados de la vivienda propiedad privativa de uno de los cónyuges, en la que ambos residen:

Está claro que del concepto de vivienda habitual se extrae que hay un aprovechamiento por parte de los dos cónyuges, tanto del titular como del no titular, por ello se establece que de los gastos ordinarios derivados del uso de la vivienda habitual debe hacerse cargo la sociedad de gananciales, mientras que de los extraordinarios serán de cargo del titular de la vivienda. Según la Ley, para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno sólo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos.

¿QUÉ OCURRE ENTRE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES Y SU LIQUIDACIÓN?
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Con el divorcio o separación se produce la disolución automática de la sociedad de gananciales. A partir de ese momento, todas las deudas e ingresos que se generen son privativas de cada cónyuge.

Sin embargo, es habitual que la sociedad de gananciales quede disuelta pero no se liquide. Es decir, los bienes gananciales queden aún sin repartir y permanezcan como patrimonio común de los cónyuges separados, naciendo una comunidad postganancial que no se regirá por las normas de la sociedad de gananciales, sino por las reglas de la comunidad de bienes ordinaria y, en concreto, por lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, en relación con la contribución de cada partícipe al pago de las cargas que pesan sobre el patrimonio, y que deberán ser cubiertas por mitad entre ellos, salvo que en el proceso de divorcio se hubiera acordado por las partes o adoptado por el juez alguna medida al respecto.

Para que la liquidación de gananciales pueda ser oponible a los acreedores, debe inscribirse en el Registro Civil.

¿TENGO QUE RESPONDER DE LAS DEUDAS DE MI CÓNYUGE?
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La norma más importante en lo relativo a la responsabilidad es que cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias, y si sus bienes privativos no fueren suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquella.

Si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquellos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal.

Pueden darse tres supuestos:

1. Deudas contraídas conjuntamente por ambos cónyuges.

Responden de las mismas los bienes gananciales de una forma directa, y también los bienes privativos de ambos cónyuges por aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal.

2. Deudas contraídas por un solo cónyuge con consentimiento del otro.

Responden de las mismas los bienes gananciales de forma directa; y también los bienes privativos del cónyuge que contrajo la deuda (cónyuge deudor), al igual que en caso anterior.

En cuanto a los bienes privativos del cónyuge no deudor, parece que no deben responder en este caso si el consentimiento sólo se refiere a la posibilidad de endeudar gananciales; y sólo responderían si el consentimiento es lo suficientemente general como para entenderlo extensivo al endeudamiento de los bienes propios del que consiente.

3. Deudas contraídas por un sólo cónyuge, sin el consentimiento del otro.

Pueden ocurrir:

a) Que las deudas se contrajeren por un solo cónyuge en beneficio de la familia, o de la propia sociedad conyugal: responde solidariamente tanto el patrimonio ganancial como el privativo del cónyuge deudor. Asimismo, responderán subsidiariamente los bienes privativos del cónyuge no deudor.

b) Que las deudas se contrajeren por un sólo cónyuge exclusivamente en su propio beneficio. Son deudas de responsabilidad de dicho cónyuge deudor, pero si éste no tiene bienes privativos o éstos son insuficientes para hacerlas efectivas, se establece una responsabilidad subsidiaria de los gananciales, que pueden ser embargados. Hay que mencionar el artículo 1.401 CC, que declara que los bienes adjudicados al cónyuge no deudor responden de las deudas gananciales. Y, en caso de que se hubieran enajenado, podrá declararse la responsabilidad del cónyuge no deudor con sus bienes privativos.

En todo caso, aunque se demande por una deuda a uno solo de los cónyuges, ya sea porque fue él el que, formalmente, contrajo la deuda o porque la deuda sea privada, para proceder al embargo de un bien ganancial se exige la notificación de dicho procedimiento al otro cónyuge a los efectos que pueda efectuar las alegaciones que considere.

¿QUÉ OCURRE CON LOS INMUEBLES?
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Conforme establece el art. 1397.1 CC se incluyen en el activo de la sociedad de gananciales los bienes gananciales existentes en el momento de la liquidación. Incluyéndose por tanto en tal categoría los inmuebles que merezcan tal calificación, siguiendo al respecto el criterio establecido en el art. 334 CC.

En tal sentido, podemos considerar incluibles, siempre que existan al tiempo de la liquidación:

1. Los inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad de gananciales a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo de los cónyuges.

2. Se incluyen igualmente como inmuebles gananciales los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

3. Serán igualmente incluidos en el activo del consorcio los inmuebles donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, siempre que la liberalidad fuera aceptada por ambos cónyuges y el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario.

4. Inmuebles adquiridos mediante precio en parte ganancial y en parte privativo: Inclusión en el activo de la parte ganancial, según el art. 1354 CC.

5. Los inmuebles adquiridos a título oneroso durante el matrimonio con independencia del origen de los fondos utilizados, cuando los cónyuges le atribuyeran tal carácter por vía del art. 1.355 CC.

6. Los inmuebles adquiridos por uno sólo de los cónyuges por precio aplazado cuando el primer desembolso fue ganancial, aunque los plazos restantes hubiesen tenido carácter privativo. En cuyo caso, conforme al art. 1.356 CC, tendrán íntegramente carácter ganancial, y por tanto incluibles en el activo de la sociedad en su integridad, con independencia del derecho de reembolso existente a favor del cónyuge con cuyo patrimonio privativo se hayan abonado los plazos restantes.

7. La vivienda familiar adquirida a plazos con anterioridad al comienzo del consorcio conyugal deberá incluirse en el activo de la sociedad en la proporción o porcentaje correspondiente al importe de los plazos abonados con fondos gananciales, con independencia del número, mayor o menor de plazos abonados (párrafo segundo del art. 1.357 CC en relación con el art. 1354 CC).

CASOS ESPECIALES
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- Pago de precio aplazado

• Adquisición constante la sociedad.

A la adquisición de bienes a plazos realizada constante la sociedad se refiere el artículo 1.356 de acuerdo con el cual los bienes adquiridos por uno de los cónyuges, constante la sociedad, por precio aplazado, tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si, por el contrario, el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta naturaleza.

Por otra parte, en el caso de adquisición conjunta de un bien a plazos (que no es lo mismo que adquisición de un bien por uno con dinero en parte privativo y en parte ganancial), será más bien de aplicación el artículo 1.355, de manera que los cónyuges, al adquirir el bien, podrán atribuirle el carácter de ganancial; y si no dicen nada se presumirá su intención favorable a tal atribución. a no ser que expresamente hagan constar la procedencia privativa del dinero y la proporción en que cada uno de ellos participa en el desembolso del primer plazo; caso en el que parece que el bien habría de ser considerado como perteneciente proindiviso a ambos cónyuges en la proporción dicha.

• Bienes adquiridos antes del inicio de la sociedad.

Cuando la fecha en la que se adquirió el bien a plazos es anterior al inicio de la sociedad de gananciales, el artículo 1.357 CC dispone una solución distinta de la prevista en el 1.356 CC. Estos bienes tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial.

Con la excepción de la vivienda y el ajuar familiares, respecto de los cuales será de aplicación el artículo 1.354 CC.

– Deudas de Juego

Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva de los gananciales siempre que el importe de aquella pérdida pudiere considerarse moderada con arreglo al uso y circunstancias de la familia.

De lo perdido y no pagado por alguno de los cónyuges en los juegos en que la ley concede acción para reclamar lo que se gane, responden exclusivamente los bienes privativos del deudor.

- Cónyuge comerciante

Responden en primer lugar los bienes propios del cónyuge comerciante, y los bienes adquiridos a resultas del comercio (“responsabilidad mínima”).

En su defecto, responden los demás bienes gananciales, con consentimiento del otro cónyuge, que puede ser presunto, no oponiéndose al ejercicio del comercio por el deudor (“responsabilidad media”)

Y, finalmente, responden los bienes del otro cónyuge, solo cuando éste preste su consentimiento expreso (“responsabilidad máxima”).

- En cuanto al ejercicio de acciones judiciales o interposición de demanda

No se despachará ejecución contra la comunidad de gananciales.

En cuanto a la ejecución de deudas contraídas por ambos cónyuges, ha de dirigirse la demanda contra ambos cónyuges y pueden embargarse para su pago tanto los gananciales, como los bienes privativos de ambos cónyuges.

En cuanto a ejecución de deudas contraídas por un solo cónyuge, pero de las que ha de responder la sociedad conyugal (contraídas por un cónyuge con consentimiento del otro, o aun sin dicho consentimiento en beneficio de la familia), ha de dirigirse la demanda contra el cónyuge deudor, y notificar el embargo de los gananciales al cónyuge no deudor, el cual tiene distintas garantías en uno y otro caso:

Si prestó su consentimiento a la deuda, no podrá oponerse a la ejecución alegando la falta de responsabilidad de los gananciales, ya que prestó su consentimiento al endeudamiento, pero tendrá las excepciones derivadas de un posible pago o extinción de la deuda.

Si son deudas contraídas en beneficio de la familia por un solo cónyuge sin consentimiento del otro, una vez notificado el cónyuge no deudor, podrá éste oponerse a la ejecución.

Es decir, el cónyuge no deudor podrá oponerse a la demanda por las excepciones que corresponderían al deudor (ej. pago o extinción de la deuda), y además por estimar que no corresponde el pago de la deuda a los gananciales.

Y en este último caso, puede suceder:

– que se estime su oposición, en cuyo caso se levantará el embargo sobre los gananciales.

– que se desestime su oposición, en cuyo caso podrá pedir la disolución de la sociedad ganancial, para que el embargo se concrete contra los bienes adjudicados al cónyuge deudor.

En cuanto a la ejecución de deudas contraídas por un solo cónyuge, sin consentimiento del otro, y en su propio beneficio, la demanda se dirige contra el cónyuge deudor y si se embargan gananciales subsidiariamente, se notifica al otro cónyuge, que dispone de los medios de defensa que establece el art. 1373 CC y 541 de la ley procesal (pedir la disolución de la sociedad conyugal y la concreción del embargo sobre la parte adjudicada al cónyuge deudor).

Lucila Duro Abogada de Duroa