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Con el divorcio o separación se produce la disolución automática de la sociedad de gananciales. A partir de ese momento, todas las deudas e ingresos que se generen son privativas de cada cónyuge.

Sin embargo, es habitual que la sociedad de gananciales quede disuelta pero no se liquide. Es decir, los bienes gananciales queden aún sin repartir y permanezcan como patrimonio común de los cónyuges separados, naciendo una comunidad postganancial que no se regirá por las normas de la sociedad de gananciales, sino por las reglas de la comunidad de bienes ordinaria y, en concreto, por lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, en relación con la contribución de cada partícipe al pago de las cargas que pesan sobre el patrimonio, y que deberán ser cubiertas por mitad entre ellos, salvo que en el proceso de divorcio se hubiera acordado por las partes o adoptado por el juez alguna medida al respecto.

Para que la liquidación de gananciales pueda ser oponible a los acreedores, debe inscribirse en el Registro Civil.

La norma más importante en lo relativo a la responsabilidad es que cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias, y si sus bienes privativos no fueren suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquella.

Si se realizase la ejecución sobre bienes comunes, se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquellos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal.

Pueden darse tres supuestos:

1. Deudas contraídas conjuntamente por ambos cónyuges.

Responden de las mismas los bienes gananciales de una forma directa, y también los bienes privativos de ambos cónyuges por aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal.

2. Deudas contraídas por un solo cónyuge con consentimiento del otro.

Responden de las mismas los bienes gananciales de forma directa; y también los bienes privativos del cónyuge que contrajo la deuda (cónyuge deudor), al igual que en caso anterior.

En cuanto a los bienes privativos del cónyuge no deudor, parece que no deben responder en este caso si el consentimiento sólo se refiere a la posibilidad de endeudar gananciales; y sólo responderían si el consentimiento es lo suficientemente general como para entenderlo extensivo al endeudamiento de los bienes propios del que consiente.

3. Deudas contraídas por un sólo cónyuge, sin el consentimiento del otro.

Pueden ocurrir:

a) Que las deudas se contrajeren por un solo cónyuge en beneficio de la familia, o de la propia sociedad conyugal: responde solidariamente tanto el patrimonio ganancial como el privativo del cónyuge deudor. Asimismo, responderán subsidiariamente los bienes privativos del cónyuge no deudor.

b) Que las deudas se contrajeren por un sólo cónyuge exclusivamente en su propio beneficio. Son deudas de responsabilidad de dicho cónyuge deudor, pero si éste no tiene bienes privativos o éstos son insuficientes para hacerlas efectivas, se establece una responsabilidad subsidiaria de los gananciales, que pueden ser embargados. Hay que mencionar el artículo 1.401 CC, que declara que los bienes adjudicados al cónyuge no deudor responden de las deudas gananciales. Y, en caso de que se hubieran enajenado, podrá declararse la responsabilidad del cónyuge no deudor con sus bienes privativos.

En todo caso, aunque se demande por una deuda a uno solo de los cónyuges, ya sea porque fue él el que, formalmente, contrajo la deuda o porque la deuda sea privada, para proceder al embargo de un bien ganancial se exige la notificación de dicho procedimiento al otro cónyuge a los efectos que pueda efectuar las alegaciones que considere.

Conforme establece el art. 1397.1 CC se incluyen en el activo de la sociedad de gananciales los bienes gananciales existentes en el momento de la liquidación. Incluyéndose por tanto en tal categoría los inmuebles que merezcan tal calificación, siguiendo al respecto el criterio establecido en el art. 334 CC.

En tal sentido, podemos considerar incluibles, siempre que existan al tiempo de la liquidación:

1. Los inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad de gananciales a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo de los cónyuges.

2. Se incluyen igualmente como inmuebles gananciales los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

3. Serán igualmente incluidos en el activo del consorcio los inmuebles donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, siempre que la liberalidad fuera aceptada por ambos cónyuges y el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario.

4. Inmuebles adquiridos mediante precio en parte ganancial y en parte privativo: Inclusión en el activo de la parte ganancial, según el art. 1354 CC.

5. Los inmuebles adquiridos a título oneroso durante el matrimonio con independencia del origen de los fondos utilizados, cuando los cónyuges le atribuyeran tal carácter por vía del art. 1.355 CC.

6. Los inmuebles adquiridos por uno sólo de los cónyuges por precio aplazado cuando el primer desembolso fue ganancial, aunque los plazos restantes hubiesen tenido carácter privativo. En cuyo caso, conforme al art. 1.356 CC, tendrán íntegramente carácter ganancial, y por tanto incluibles en el activo de la sociedad en su integridad, con independencia del derecho de reembolso existente a favor del cónyuge con cuyo patrimonio privativo se hayan abonado los plazos restantes.

7. La vivienda familiar adquirida a plazos con anterioridad al comienzo del consorcio conyugal deberá incluirse en el activo de la sociedad en la proporción o porcentaje correspondiente al importe de los plazos abonados con fondos gananciales, con independencia del número, mayor o menor de plazos abonados (párrafo segundo del art. 1.357 CC en relación con el art. 1354 CC).