La Ley de Represión de la Usura en la actualidad

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La Ley de Represión de la Usura en la actualidad

A raíz de la publicación de un artículo en la revista de Sepin del 1er trimestre de 2019 con el título “El crédito revolving y la información estadística del Banco de España”, me veo en la obligación de redactar esta publicación que, pese a que sin duda tendrá mucho menos alcance, me servirá para quitarme la espina y espero también sirva para tener argumentos que permitan seguir defendiendo a los consumidores que han contratado este tipo de créditos, en su mayoría usurarios.

La Ley de la Represión de la Usura, Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamo usurarios, está totalmente vigente en la actualidad. En su artículo 1º establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales“.

Y, en su artículo 3º, señala las consecuencias que tendrá la declaración de usurario de un contrato: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado“.

En noviembre de 2015 el Tribunal Supremo dictó una resolución en la que aplicaba esta Ley, del año 1.908, para declarar la nulidad de un contrato de línea de crédito. Lo cierto es que ésta es plenamente aplicable a multitud de procedimientos que pretenden la declaración de nulidad de un contrato de crédito.

Hay quien dice -entidades de crédito y sus abogados defensores- que se ha aumentado la litigiosidad como consecuencia de esta Sentencia. Más bien, yo diría que se han incrementado las posibilidades de defensa de los consumidores que deben hacer frente al pago de unos intereses desorbitados, en detrimento de los beneficios que las entidades de crédito están acostumbradas a asfixiar a los consumidores con intereses totalmente desproporcionados e injustificados.

La STS de 25 de noviembre de 2015 declaró la nulidad de un contrato por usura, al contener un tipo de interés de 24,60% TAE, señalando lo siguiente: “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)”.

Además, la Sentencia señala que “el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE). El interés con el que ha de analizarse la comparación en el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia“.
Para valorar si un contrato debe considerarse usurario o no, habrá que atender a la TAE que se establece en el mismo y compararla con el “interés normal” en el momento de la contratación. Tal y como dice la sentencia del TS mencionada, para ver el “interés normal” habrá que acudir “a las estadísticas que publica el Banco de España“.

Y aquí es donde radica el meollo del asunto: ¿Qué se considera un “interés normal”? y ¿con qué referencia hay que comparar la TAE de un contrato para ver si es normal o no? Aquí es donde reside el principal problema de interpretación a la hora de enfrentarnos a un procedimiento de este tipo, ya sea como demandados o como demandantes.

Como siempre ocurre en Derecho, todo hecho puede defenderse desde dos puntos de vista totalmente diferentes -eso es lo bonito precisamente y lo que hace del Derecho un mundo apasionante-. Pues bien, las entidades que han concedido estos créditos, o los Fondos, que son los que ahora los reclaman, defienden que cuando se acude a la información que facilita el Banco de España para valorar si un tipo de interés es o no el interés normal del dinero, hay que acudir a su Boletín Estadístico, en el capítulo 19.4, que contiene información específica sobre los tipo de interés en créditos revolving, y esto desde el Boletín de marzo de 2017, fecha en la que se crea este apartado específico.

Así, si se consulta este apartado se pueden verificar los datos específicos de tarjetas de crédito revolving en una columna separada dentro de los créditos al consumo. La ventaja -para las entidades- es que en esta columna se verá que el interés remuneratorio medio supera el 20%, lo que dista mucho del “interés normal” que publica el Banco de España para el resto de créditos al consumo.

Sin embargo, en mi opinión, para valorar si el interés ordinario de un contrato es o no usurario, hay que compararlo con la Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de crédito y publicado por el Banco de España, debiendo fijarnos en el “interés normal” en la concesión de los créditos al consumo.

Dicha información se puede consulta pulsando en el siguiente enlace:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/guia-textual/tiposinteresprac/Tabla_de_tipos__a0b053c69a40f51.html?anyo=8b893a0e0d90f510VgnVCM1000005cde14acRCRD#comboAnios

La diferencia de lo que se puede considerar un “interés normal” dista mucho de la establecida en el Capítulo 19.4, específica sobre los tipos de interés en créditos revolving, siendo que si nos fijamos en esta tabla, no serán considerados usurarios, mientras que si nos fijamos en la tabla de créditos al consumo, sí.

Para concluir, resumo brevemente los argumentos en los que tendremos que apoyarnos para defender esta tesis, en contra de la que usan las entidades y Fondos -todos estos argumentos son extraídos de distintas Sentencias de Audiencias Provinciales y del propio Tribunal Supremo-:

El “interés normal” del dinero no puede equipararse con el “interés legal” y tampoco con el “interés habitual”.

La habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables.

La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Las peculiaridades de los créditos revolving respecto de los préstamos personales no justifican, en ningún caso, que se duplique el interés medio ordinario respecto a las operaciones de crédito al consumo.

La STS de 25 de noviembre de 2015 establece los límites para aplicar la Ley de la Represión del Usura para todas las operaciones equivalentes a los préstamos al consumo. Por lo que debe aplicarse pese a las peculiaridades del crédito revolving respecto a un préstamo personal. Más aún si tenemos en cuenta para qué se han usado estos créditos, encontrándonos que las prestatarios en ningún caso están informados de qué es verdaderamente un crédito revolving, empleándose habitualmente para operaciones de consumo.

Las condiciones y circunstancias especiales de contratación y uso de este tipo de tarjetas no hacen perder a dicho contrato la consideración de tratarse de un crédito personal destinado al consumo.

Las condiciones de contratación y circunstancias personales del usuario, ponen de manifiesto que nos encontramos ante una operación de crédito al consumo, consideración general que no se pierde por el hecho de que exista una disposición sucesiva de crédito, ni por la posibilidad de optar por el pago aplazado o porque éste se efectúe a través de entidades que no sean las tenedoras de las cuentas a cuyo cargo se pagan (sistema revolving).

En conclusión, considero que no puede defenderse que tipos de interés en torno al 25% o superiores sean “normales”, y por tanto deba permitirse, por el simple hecho de ser los habituales de un determinado producto, que no deja de ser un crédito al consumo, como se desprende del uso que se hace del mismo y la finalidad para la que se contrata. La consecuencia de los contratos con este tipo de interés no puede ser otra que su nulidad.


Beatriz Duro Álvarez del Valle

Abogada en Duroa

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